Antros tramitan amparos con documentación falsa

el

La delegación Coyoacán ha detectado la operación de una red de abogados que tramita amparos, con documentos apócrifos, para que antros y bares operen de fuera de la ley.

En establecimientos situados en avenida Cafetales, así como en colonias de Santo Domingo y Ajusco, negocios funcionan con suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales, pese a no tener —pues se presume que son falsas las que presentan— la licencia de funcionamiento o la declaración de apertura.

De acuerdo con la demarcación, la conexión entre los abogados es el domicilio oficial que registran para recibir notificaciones, que es Pennsylvania número 302 accesoria 6, colonia Nápoles, en la delegación Benito Juárez.

Un reporte de la jurisdicción establece que los representantes legales presentan, por “actos inminentes de ejecución”, los documentos ante el juez federal, quien les otorga la suspensión provisional para salvaguardar sus derechos ante la actuación de la autoridad.

La demarcación expuso que en muchos casos la documentación es apócrifa. “Se le explica al juez, pero no lo toma en cuenta y otorga la suspensión”, explicaron fuentes consultadas.

Dijeron que al obtener la suspensión provisional, el antro o bar siguen operando hasta que sus abogados consiguen otra. “Lo importante es obtener tiempo. No les importa perder el juicio, siempre se sobresee, buscan otro”, sostuvieron.

La mayoría de las suspensiones otorgadas están radicadas en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. De 22 juicios de amparo, 17 están litigandose ahí. Se tienen detectados sitios como Evaluz, La Altura y Amazonas, en la colonia Ajusco, y El Íkaro, en Cafetales.

Desde 2007, la autoridades de las delegaciones Coyoacán e Iztapalapa denunciaron la existencia de esta red de abogados que con los documentos presumiblemente apócrifos obtienen los amparos para seguir operando.

El 16 de mayo de ese año, el entonces jefe delegacional en Iztapalapa, Horacio Martínez Meza, denunció la existencia de “una red de corrupción” mediante la cual 16 establecimientos mercantiles interpusieron juicios de nulidad o de amparo mediante la presentación de una serie de documentos falsos.

“Lo que coincide en los 16 casos es que en los juicios interpuestos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ponen como domicilio para oír o recibir todo tipo de notificaciones el de la calle Pennsylvannia 302, accesoria 6, colonia Nápoles. En esa dirección no se encuentra un despacho jurídico, sino otro giro mercantil, un restaurante llamado La Rondalla”, dijo entonces.

Se interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Para el 1 de junio, la delegación Coyoacán, cuyo titular era Heberto Castillo, aseguró que el grupo de abogados denunciado en Iztapalapa también trabajaba en su demarcación.

María del Rosario Tapia, entonces directora jurídica y de Gobierno de Coyoacán, dijo ese día a EL UNIVERSAL que habían detectado la falsificación de firmas de funcionarios para permisos en favor de establecimientos irregulares.

Los antros ubicados en esa ocasión coinciden, a excepción de Los Tarros, con los detectados por la actual administración de Raúl Flores.

Consultada sobre los amparos, Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión del DF en la Cámara de Diputados, dijo que si bien hay algunos que actúan conforme a la ley, hay otros que “sorprendentemente” otorgan suspensiones provisionales o definitivas a antros “sin tener claridad en el expediente”.

La ex delegada en Miguel Hidalgo opinó que esta situación no excluye que desde los verificadores hasta los abogados de las demarcaciones hagan su trabajo conforme a la ley porque, con una verificación mal fundamentada, es difícil litigar en los tribunales.

Consideró importante acotar los criterios de los jueces federales para el otorgamiento de las suspensiones.

Se desdice de declaraciones

Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, matizó sus declaraciones sobre que el 100% de los establecimientos y todos los funcionarios públicos están inmersos en la corrupción. “Es una declaración no atinada por parte mía, y lo que quiero aclarar es que si bien es cierto que existe la corrupción, esto no está en todos los empresarios de la industria, así como tampoco en todos los funcionarios de gobierno”, aclaró en una misiva.

El diputado local Leonel Luna dijo que presentará un punto de acuerdo ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que la Procuraduría capitalina cite a declarar a Rivera.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s