En nueve años, ningún pez gordo

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En los últimos nueve años a la Secretaría de la Función Pública (SFP), vigilante del manejo de recursos del gobierno federal, se le han escapado de las manos “peces gordos” que han causado quebranto al erario público. La mejor muestra es que ante sonados casos sólo ha sancionado a funcionarios menores.

El brazo anticorrupción del Poder Ejecutivo pierde en tribunales o los procesos duran años en instancias judiciales.

El primer escándalo del sexenio estalló con el ex director de Pemex Raúl Muñoz, a quien en abril de 2007, la Función Pública acusó de presunto quebranto a Pemex por mil 724 millones de pesos.

Sin embargo, el ex funcionario aún da la pelea en juzgados y mantiene en vilo la multa en su contra por 980 millones de pesos, lo mismo que el ex abogado general de Pemex Juan Carlos Soriano.

En el caso de Muñoz Leos, Arturo González de Aragón, auditor Superior de la Federación, criticó hace dos semanas la falta de actuación de la Procuraduría General de la República, en lo que llamó el Pemexgate II, pues el desvío de mil 500 millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial del PRI en 2000 derivó en el llamado Pemexgate.

Otra muestra es la tragedia de la mina de Pasta de Conchos de 2006, en la que murieron 65 mineros. No llevó a nadie a prisión, sólo amonestó en público a algunos funcionarios e inhabilitó a otros que ya trabajan en gobiernos estatales.

Ignacio Carrillo Prieto, ex titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que investigó la guerra sucia de los años 70 y las matanzas de 1968 y 1971, fue exonerado el año pasado de un presunto quebranto por 20 millones de pesos en viáticos.

Las irregularidades que mantuvieron cerrada más de un año la megabiblioteca José Vasconcelos derivaron en castigos menores a funcionarios de segundo nivel y penas a una decena de empresas.

Las licitaciones poco claras de Enciclomedia de la Secretaría de Educación Pública son parte del pasivo de la SFP.

Fenómeno inagotable, opina experto

Jesús Lizcano Álvarez, académico de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional en España, sostiene sin temor a equivocarse que la fuente de la corrupción es inagotable. Lo único que se puede hacer es contenerla o acotarla.

“Nunca, nunca se va a acabar del todo. Lo que sí podemos hacer es atajarla. Lo importante es ir creando los marcos legales, educacionales y sociales para estrechar las fisuras para los corruptos. Pero desaparecer-desaparecer la corrupción, es difícil”, precisa Lizcano.

Según Transparencia Mexicana, el costo de la corrupción a mexicanos en promedio varía, pero registra un alza: 109.50 pesos en 2001; 107, en 2003; 177.40, en 2005, y 138 pesos en 2007.

En la última década, los estudios de Transparencia Internacional colocan a México con una calificación promedio de tres en una escala de cero a 10 en el Índice de Percepción de Corrupción: 2.7 en 1997 y 3.5 en 2007. El mejor año fue 2001, con 3.7.

La SFP, a cargo de Salvador Vega, relevo de Germán Martínez —amigo personal de Felipe Calderón— cuando aquél fue a presidir al PAN, es la dependencia que vigila el manejo de fondos y el desempeño de la burocracia federales.

No es poco lo que tiene que revisar: 246 dependencias de la administración pública federal (secretarías de Estado y dependencias como Pemex, IMSS o ISSSTE), que en conjunto tienen poco más de millón y medio de servidores públicos y tan sólo este año un gasto de 3 billones 45 mil 478.6 millones de pesos.

La SFP no camina sola: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados le acompaña.

El PRI en el Senado exige desaparecer a la Función Pública para que sus funciones se transfieran a la ASF.

La labor auditora del gobierno federal nació con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988). Principalmente por la imagen corrupta del gobierno es que creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), como parte de lo que llamó “renovación moral”. Pero no pasó de ahí. Con los años, la Contraloría General no sirvió más que de instrumento político a los gobiernos en turno.

“Zar” foxista nunca llegó

A su llegada a la Presidencia de la República en 2000, Vicente Fox vendió no sólo la idea del “cambio” sino que planteó la idea de un “zar anticorrupción”.

Fox encomendó esa tarea a un hombre que se enredó en sus propias declaraciones: Francisco Barrio Terrazas, de los llamados “bárbaros del norte”, ex gobernador de Chihuahua, quien tiró el anzuelo de que iba “por peces gordos”.

Pero no. El caso más relevante del foxismo fue el desvío de mil 500 millones de Pemex a la campaña presidencial del PRI en 2000, pero hoy nadie está en prisión. Sólo pagó una multa millonaria al IFE por este motivo.

En 2003, Barrio se fue como diputado; hoy es embajador en Canadá. Dejó a su paisano Eduardo Romero a cargo, sin que hubiera otro caso relevante.

Desde diciembre de 2006, cuando inició la actual administración de Felipe Calderón, una veintena de casos ha atraído la atención de los medios, pero la mayoría aún se ventilan en tribunales o es ahí donde la SFP ha perdido.

Un caso reciente es la exoneración de Carmen Segura Rangel, ex coordinadora de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, cuyo triunfo ante la Función Pública culminó con el pago en favor de ella de casi 2 millones de pesos por salarios caídos. Segura Rangel sólo exigió 40% del total.

En 2007, la SFP aplicó 6 mil 93 sanciones a alrededor de 4 mil 800 servidores públicos, porque una persona puede recibir más de una sanción.

En 2008, fueron casi 8 mil 800 sanciones. Ahora hay en curso al menos 80 denuncias penales contra funcionarios presentadas por la SFP.

Cada año, la Función Pública efectúa 4 mil auditorías a recursos federales y recibe las declaraciones patrimoniales de toda la burocracia del país.

La sociedad —sostiene Lizcano, de visita en México, donde asesoró al senador panista Ricardo García Cervantes quien alista una ley anticorrupción— juega un papel fundamental en el combate contra la corrupción.

“En tanto los ciudadanos tienen predisposición a ir por lo transparente, lo limpio y lo legal se genera esa masa de pensamiento que luego se plasma en las instituciones”, dice Lizcano.

“Las instituciones no son más que consecuencia de los que la gobiernan que están dentro de una sociedad que es la que realmente va cambiando. La sociedad es la que tiene el protagonismo”, señaló el experto.

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